Instituciones se responsabilizan de hacinamiento – Periódico El Caribe



Los imputados están recluidos en un autobús que es utilizado como cárcel.

El Poder Judicial y la Procuraduría General de la República (PGR) se responsabilizan mutuamente del hacimiento que viven los presos preventivos ubicados en el Palacio de Justicia de Santo Domingo.
Los imputados están recluidos en un autobús que es utilizado como cárcel móvil, sin las mínimas condiciones de salubridad, debido a que la cárcel usada para estos fines está en construcción, pues la misma tampoco cumplía con los requisitos para mantener a personas privadas de libertad.

Estos presos preventivos están a la espera de conocer audiencias o de que se ejecute la resolución para ser enviados a la cárcel que ordenó el juez de su caso.

La PGR aseguró que el Poder Judicial es el culpable de que los oreos preventivos estén en estas condiciones y que no han sido ellos que han colocado esas personas en ese lugar, sino más bien, fueron puestos allí por disposición del Poder Judicial. Añadió, además, que están en desacuerdo con que los internos se encuentren en ese lugar.

De su lado, el Poder Judicial afirmó que la administración del sistema carcelario está fuera de sus funciones establecidas constitucionalmente, por lo que no tiene control ni responsabilidad con respecto al camión, que dijo es utilizado por la PGR como cárcel móvil.

“El Poder Judicial no es responsable de la administración del sistema penitenciario ni de la presentación de personas privadas de libertad para que puedan ser presentadas por ante un juez. El Palacio de Justicia es una sede del Poder Judicial, no del Ministerio Público”, dijo. En ese sentido, citó el párrafo I del artículo 149 de la Constitución, que establece que “la función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.

Aludió también al párrafo II, según el cual los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes.

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